¿Puede una escuela decidir sin los padres?

Transición social en el ámbito escolar y responsabilidad parental: un litigio en la provincia de Santa Cruz

Zelmira M. Aberg Cobo y Alfonsina Apesteguia

10/27/20266 min read

Una escuela secundaria de Río Gallegos comenzó a utilizar un nombre distinto al que figuraba en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de una alumna adolescente, sin informar previamente a su madre. Esta última tomó conocimiento de la situación a través de terceros e interpuso una acción de amparo contra el establecimiento educativo y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.

En diciembre de 2025, el juzgado interviniente rechazó la demanda porque consideró que la escuela había actuado conforme a la legislación vigente. La madre apeló la decisión y, a la fecha de elaboración de este informe, el recurso se encuentra pendiente de resolución.

El caso plantea un interrogante jurídico relevante: ¿puede una institución educativa acompañar una transición social de género sin informar ni dar participación a los progenitores que ejercen la responsabilidad parental?

Los antecedentes del caso

En octubre de 2024, durante una actividad escolar, una docente solicitó a la alumna que indicara qué nombre elegiría si fuera varón. Su madre pidió explicaciones al establecimiento y presentó una nota de disconformidad.

A comienzos de 2025, la adolescente participó en espacios grupales de expresión emocional coordinados por docentes y el equipo de orientación escolar. La madre solicitó una reunión para conocer el contenido de esas actividades, pero, según manifestó, no recibió respuesta.

En marzo de 2025, advirtió que su hija figuraba con un nombre masculino en la lista oficial del curso. Presentó entonces una nueva nota en la que solicitó que se utilizara el nombre consignado en el DNI y que se le permitiera participar en las decisiones relacionadas con su hija.

En julio de 2025, la escuela le entregó una comunicación dirigida al organismo municipal de niñez. A través de este documento, tomó conocimiento formal de la transición social en el ámbito educativo.

Según la demanda, el establecimiento no dictó un acto administrativo ni notificó previamente a la madre. Por su parte, el Consejo Provincial de Educación sostuvo que había actuado conforme a la Ley 26.743 de Identidad de Género y a la guía provincial aprobada mediante la Resolución 1500/2022.

La acción de amparo

En agosto de 2025, la madre presentó una acción de amparo. Su reclamo no cuestionaba la identidad de género de su hija, sino el procedimiento que había adoptado la escuela sin informarle ni permitirle intervenir como representante legal.

Solicitó que se examinara la legalidad de la actuación escolar, se remitieran los antecedentes del caso y se adoptaran medidas de protección para la adolescente. También pidió, como medida cautelar, que la institución dejara de utilizar un nombre distinto al del DNI mientras durara el proceso.

Su argumento principal fue que los artículos 5 y 12 de la Ley 26.743 debían interpretarse de manera conjunta. El artículo 12 reconoce el derecho al trato digno y al uso del nombre adoptado, mientras que el artículo 5 regula la rectificación registral de menores de edad y contempla la intervención de sus representantes legales.

La madre sostuvo que el derecho al trato digno no autorizaba a la escuela a excluir a los progenitores. Invocó además el régimen de responsabilidad parental del Código Civil y Comercial (arts. 638, 639 y 646) y la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3, 5 y 18).

¿Qué resolvió la Justicia?

En diciembre de 2025, un juzgado de familia de Río Gallegos rechazó el amparo. Consideró que la escuela no había actuado de manera manifiestamente arbitraria o ilegal y que, por el contrario, había garantizado el derecho al trato digno.

El tribunal interpretó que el artículo 12 de la Ley 26.743 no exige la intervención de los progenitores, ya que establece que el nombre adoptado debe utilizarse “a su solo requerimiento”. Según la sentencia, esa participación corresponde al procedimiento de rectificación registral previsto en el artículo 5, pero no al uso del nombre elegido dentro de la escuela.

Para fundamentar su decisión, citó las Observaciones Generales Nº. 13, 15 y 20 del Comité de los Derechos del Niño, los Principios de Yogyakarta y la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, ordenó a la madre participar en talleres de «fortalecimiento familiar» y requirió la intervención de los organismos de protección de la niñez.

La apelación

La madre apeló la sentencia y formuló cinco cuestionamientos principales:

  • Procedencia del amparo: sostuvo que existía una afectación actual de sus derechos y que la vía administrativa no ofrecía una respuesta igualmente rápida y eficaz.

  • Interpretación de la Ley 26.743: cuestionó que el juzgado analizara el artículo 12 de manera aislada, sin considerar el artículo 5 ni las disposiciones de la guía provincial sobre la participación de las familias.

  • Responsabilidad parental: afirmó que la escuela había sustituido a la madre en decisiones relevantes y que la sentencia había planteado un conflicto entre madre e hija que no formaba parte de la demanda.

  • Fundamentos normativos y científicos: señaló que los Principios de Yogyakarta no son jurídicamente vinculantes y cuestionó que no se hubiera considerado evidencia reciente sobre transición social, como la Cass Review.

  • Intromisión estatal: objetó la imposición de talleres de fortalecimiento familiar sin que se hubiera acreditado un incumplimiento de sus deberes como madre.

La apelación también destacó que la Corte Interamericana, en su Opinión Consultiva OC-24/17, había identificado el procedimiento argentino del artículo 5 como una buena práctica, ya que contempla la intervención de los representantes legales y el control judicial ante desacuerdos.

El debate internacional

El caso se inscribe en una discusión internacional sobre la participación de las familias en los procesos de transición social de niñas, niños y adolescentes.

El Cass Review, publicada en 2024, señaló que la transición social debe considerarse una “intervención activa” por sus posibles efectos psicológicos y recomendó la participación de los padres, salvo que existan razones fundadas para considerar que ello pondría en riesgo al menor (Cass, 2024, pp. 158 y 164).

En 2026, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas advirtió que algunas madres que cuestionan procesos de transición social, legal o médica de sus hijos pueden enfrentar situaciones de exclusión e incluso perder su cuidado (Alsalem, 2026, párr. 71).

Ese mismo año, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino en Mirabelli v. Bonta, un caso sobre la confidencialidad de la transición social en las escuelas. En una decisión provisional, consideró probable que California no pudiera impedir que las instituciones educativas informaran a los padres. El litigio continúa pendiente de resolución.

La postura contraria destaca la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes (art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño y art. 26 del Código Civil y Comercial), así como el derecho al trato digno reconocido por el artículo 12 de la Ley 26.743. Desde esta perspectiva, la confidencialidad puede resultar necesaria para proteger a estudiantes frente a posibles situaciones de rechazo o violencia familiar.

Conclusión

El caso de Río Gallegos plantea una cuestión central: si una escuela puede acompañar una transición social de género sin informar ni dar participación a los progenitores que ejercen la responsabilidad parental.

La resolución de la Cámara será relevante para determinar cómo se articulan los artículos 5 y 12 de la Ley 26.743 con el régimen de responsabilidad parental. También podría establecer criterios para las instituciones educativas sobre la participación de las familias y la protección del interés superior del niño.

Desde Rights Analytics acompañamos este litigio estratégico para defender el derecho prioritario de los padres a participar en la educación y el cuidado de sus hijos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

  1. Alsalem, R. (2026). Violence against mothers: Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences (A/HRC/62/49). Naciones Unidas. https://undocs.org/A/HRC/62/49

  2. Cass, H. (2024). Independent review of gender identity services for children and young people: Final report. NHS England. https://cass.independent-review.uk/home/publications/final-report/

  3. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. (2014). Boletín Oficial de la República Argentina.

  4. Constitución de la Nación Argentina. (1994).

  5. Convención sobre los Derechos del Niño. (1989). Asamblea General de las Naciones Unidas.

  6. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-24/17.

  7. Ley 26.743. (2012). Ley de Identidad de Género. Boletín Oficial de la República Argentina.

  8. Mirabelli v. Bonta, No. 25A810 (2026). Corte Suprema de Estados Unidos. https://www.scotusblog.com/cases/case-files/mirabelli-v-bonta/

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