Juicio disciplinador: una médica tucumana ante la justicia penal, 15 años después

La semana próxima comienza en Tucumán un juicio oral y público contra una médica que, en 2012, se desempeñaba como jefa de la maternidad del hospital público más grande de la provincia. Ante una paciente con un aborto avanzado —en aquel entonces tipificado como delito—, la profesional actuó conforme a lo que, en su rol institucional, entendió que la ley le exigía: dio intervención al destacamento policial del hospital y formuló una denuncia por las circunstancias en que encontró el feto.

Hoy, quince años después de ese hecho, la médica llega a juicio acusada de violación del secreto profesional (art. 156 del Código Penal), un delito reprimido únicamente con multa e inhabilitación especial de hasta tres años. Se trata, en términos de política criminal, de una infracción de mínima gravedad. Y sin embargo, el Estado tucumano decidió sostener la acusación hasta la instancia de debate oral.

El estándar que se pretende aplicar

La acusación pretende encuadrar la conducta de la médica en el estándar jurisprudencial construido a partir del fallo S.S. y otros (Corte de Tucumán, 2015), que estableció que los profesionales de la salud que toman conocimiento de un aborto en el ejercicio de sus funciones en hospitales públicos no pueden denunciarlo, so pena de violar el secreto profesional.

Ese estándar opera a partir de una interpretación amplia del tipo penal del art. 156, cuya redacción abierta habilita construcciones jurisprudenciales extensivas: la norma reprime a quien, conociendo un secreto “por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte”, lo revela “sin justa causa”. La querella —llevada adelante por una abogada feminista— sostiene que la denuncia policial formulada por la jefa de residencia configura exactamente esa revelación indebida.

Pero aquí se abre una pregunta que el proceso no puede eludir: ¿puede aplicarse retroactivamente un estándar jurisprudencial para ampliar el alcance de un tipo penal respecto de un hecho ocurrido antes de que ese estándar existiera? El fallo SS y otros es de 2015. El hecho que se juzga es de 2012. Aplicar esa construcción interpretativa hacia atrás no es solo una cuestión técnica —implica juzgar con una regla que no existía al momento de la conducta, lo que compromete de manera directa el principio de legalidad y la prohibición de analogía in malam partem.

A eso se suma otra dimensión igualmente relevante: ¿es legítimo juzgar en 2026, con la perspectiva jurídica y cultural de hoy, una conducta de 2012? En aquel momento, el aborto era delito. La médica no actuó en un vacío: actuó dentro de un marco normativo vigente que la habilitaba —y quizás la obligaba— a intervenir. Pretender que debía anticipar un estándar que la jurisprudencia construiría tres años después, en un contexto social y legal diferente, es exigirle una previsibilidad que ningún principio del derecho penal admite.

Lo que este juicio revela

La pregunta que este proceso deja abierta no es solo jurídica. Es una pregunta de política criminal: ¿por qué la fiscalía decide llevar a juicio un hecho de hace 15 años, penado con multa, cuando existen mecanismos alternativos de resolución del conflicto?

Más allá de la baja entidad típica del delito imputado, el impacto real de este proceso es simbólico y disciplinador. El mensaje que se envía a los y las profesionales de la salud que trabajan en hospitales públicos es claro: quien denuncia asume un riesgo penal. Ese efecto disuasorio estructurará la conducta de los equipos médicos mucho más allá del resultado del juicio.

En Rights Analytics seguiremos de cerca el desarrollo de este proceso, porque entendemos que el uso del poder punitivo del Estado como herramienta de presión sobre la libertad de conciencia de los profesionales es un fenómeno que merece análisis riguroso, evidencia empírica y respuesta jurídica.